Este acuerdo mediante el cual se delimitó la frontera entre los territorios coloniales oriental y occidental de la Isla de Santo Domingo, se firmó entre España y Francia el 3 de junio de 1777 en Aranjuez (villa de la provincia de Madrid), interviniendo a nombre del Rey de España, José Moñino, Conde de Floridablanca y en representación del Rey de Francia, el Marqués de Ossún.

El Tratado de Aranjuez aseguró a Francia su posesión en Santo Domingo y le sirvió de apoyo para apoderarse más tarde de toda la isla mediante el Tratado de Basilea de 1795 que, aunque no se cumplió cabalmente, puso a Francia jurídicamente como única dueña de la isla.

Los artículos primero y segundo del Tratado de Aranjuez establecían los siguientes límites:

"Procediendo al cumplimiento del referido Tratado, empieza la línea de Demarcación de Límites en la Costa del Norte de esta isla y boca del río Pedernales o Riviere des Anses a Pitre, en cuyas orillas se han colocado las Pirámides que figura en el plano con las inscripciones de France-España, gravadas en piedra, y puestos los números extremos 1; 221: Todos los más se manifiestan claramente en el Plano según su colocación. Se presupone, y entiende por derecha o izquierda de la Línea de la de los comisarios en su marcha, y en los ríos, y arroyos, la de su corriente saliendo de su origen..." (Antonio Del Monte y Tejada: "Historia de Santo Domingo", Tomo III. Tercera Edición, Biblioteca Dominicana; Serie I, vol. III, Ciudad Trujillo, República Dominicana, 1953, pág. 93).

Con la firma de este tratado concluyó la litis legal sobre los límites fronterizos pero no terminaron los problemas de coexistencia de dos colonias tan diferentes como la oriental y la occidental.

Antecedentes

La ocupación de la parte occidental de la isla de Santo Domingo fue un proceso lento de penetración alentado por Francia desde finales del siglo XVII a través de bucaneros y filibusteros que luchaban contra una España en decadencia que se vio obligada a reconocer jurídicamente, mediante la firma del Tratado de Ryswick, el asentamiento de Francia en la parte Oeste de Santo Domingo, una posesión que en verdad no le pertenecía a Francia.

La ascensión al trono español en 1701 de Felipe V, nieto del monarca francés Luis XIV, trajo como consecuencia que, al estar ligado al trono de Francia, sirviera de forma indirecta a los intereses franceses en América.

La presencia de un monarca francés en el trono de España se tradujo en Santo Domingo en una política de tolerancia hacia los vecinos franceses que desde 1697 argumentaban que los territorios les pertenecían legalmente ya que el Tratado de Ryswick les había garantizado el status de estas posesiones.

Los franceses tras la ocupación del territorio occidental de la isla extendieron los límites a su antojo, provocando toda clase de conflictos entre las autoridades de las dos colonias en Santo Domingo, situación que se prolongó durante largo tiempo hasta culminar en la imperiosa necesidad del establecimiento de límites territoriales.

Se conocen como Tratados de Basilea los acuerdos de paz firmados en 1795 entre Francia y Prusia (5 de abril) y entre Francia y España (22 de julio).

Por el primero, Prusia reconocía a la República francesa y le cedía los territorios a la izquierda del Rin. El segundo ponía fin a la guerra iniciada en 1793, a raíz de la ejecución de Luis XVI. Francia devolvía los territorios perdidos por España en el Norte de la Península, a cambio de la cesión de la parte oriental de la isla de Santo Domingo.

España, representada por Domingo Iriarte y Francia, representada por el ciudadano Barthelemy, firman el convenio en la ciudad suiza el 22 de julio de 1795, finalizando la guerra entre sus dos naciones. El Tratado decía:

"El Rey de España, por sí y sus sucesores, cede y abandona en toda propiedad a la República Francesa toda la parte española de la isla de Santo Domingo en las Antillas. Y agregaba: "un mes después de saberse en aquella isla la ratificación del presente Tratado, las tropas españolas estarán prontas a evacuar las plazas, puertos y establecimientos que aquí ocupan, para entregarlos a las tropas francesas cuando se presenten a tomar posesión de ellas." Por último, se concedía que "los habitantes de la parte española de Santo Domingo, que por sus intereses u otros motivos prefieran transferirse con sus bienes a las posesiones de S.M. Católica, podrán hacerlo en el espacio de un año contando desde la fecha de este Tratado."

Las noticias sobre la firma del convenio llegaron a Santo Domingo el 18 de octubre de 1795 y no es difícil imaginar la reacción que provocaron entre unas gentes que llevaban más de un siglo luchando contra la penetración y usurpación francesas en su territorio y que se veían forzadas a acatar una decisión en la cual no habían participado.

Antecedentes

La base de la colonia francesa en Santo Domingo era el azúcar y con la multiplicación de los ingenios se hizo necesario traer cada vez con más frecuencia negros del África puesto que la vida promedio de un esclavo era de apenas siete años. Rápidamente la población negra desplazó la mano de obra blanca, que no era numerosa. Como no había muchas mujeres blancas, los dueños de las plantaciones utilizaban a las esclavas más atractivas para cumplir con sus necesidades. De estas uniones nacieron hijos y fue generalizándose poco a poco la costumbre de dar la libertad a estas concubinas y a sus hijos, los que, al pasar a ser hombres libres adquirían sus derechos ciudadanos, de acuerdo al artículo 59 del Código Negro, entre los que se encontraba el de sucesión, siempre y cuando fueran reconocidos por sus padres.

De esta manera se inició un proceso de mulatización. Al principio los mulatos no eran muchos pero su número aumentó rápidamente y los blancos comenzaron a resentir el poder social y económico que adquirían. Este resentimiento dio origen a la promulgación de una serie de leyes discriminatorias que intentaban frenar su evolución y hacerlos sentir como ciudadanos de categoría inferior.

Algunos de estos mulatos ricos emigraron a Francia, y varios residentes en París, organizaron una sociedad llamada Sociedad de los Amigos de los Negros para proteger sus derechos. Esta sociedad fue bien vista por los grupos burgueses más liberales en Francia. Cuando la burguesía condujo a los franceses hacia la Revolución ya estaban los mulatos, encabezados por Vincent Ogé, muy bien relacionados con importantes líderes revolucionarios e intentaron obtener un decreto de la Asamblea Nacional francesa que reconociera la plenitud de sus derechos ciudadanos. Hasta llegaron a entregar alrededor de seis millones de libras tornesas como ayuda al Gobierno para sanear la deuda pública. Los franceses, sin embargo, no se mostraron muy dispuestos en principio a conceder el reconocimiento solicitado por temor a tener que aceptar más adelante la libertad de los esclavos negros que podrían reclamar igualdad. Ellos pensaban que la abolición de la esclavitud significaría la ruina de la Colonia y, con ella, la ruina de la burguesía marítima francesa.

Así las cosas, los blancos de la Colonia aprovecharon para iniciar un movimiento de represión contra los mulatos. Cuando finalmente la Asamblea Nacional francesa dictó leyes que reconocían derechos políticos a la gente de color, acreditándoles los mismos derechos y privilegios que los ciudadanos franceses para elegir representantes y sentarse en la Asamblea Colonial, esto no fue bien recibido por los grandes blancos quienes se opusieron a poner en vigencia estas resoluciones. Como la Asamblea Colonial estaba dominada por los blancos la situación no cambió para los mulatos.

Todos perseguían lo mismo: Los blancos buscaban su independencia, los mulatos la igualdad con los blancos y eventualmente, también su independencia, y los esclavos negros, que ganaban conciencia de su condición y deseaban escapar de ella, se organizaban tras su libertad. Finalmente el 14 de agosto de 1791 estalló la revuelta en las plantaciones al norte de Santo Domingo, que se prolongaría por diez años.

Por más extraño que parezca, esta revuelta reunió a los blancos y a los mulatos, propietarios también de esclavos, para hacer frente común a la situación que les arruinaría a todos por igual. Apoyados por tropas francesas que intentaban impedir el fin de la dominación, solicitaron también la ayuda de Inglaterra.

Los españoles vieron en esta revolución una oportunidad para recuperar los territorios que habían venido perdiendo ante el avance desconsiderado de los franceses hacia su territorio en el Este, donde habían penetrado asentándose a su aire, de manera que les ofrecieron su respaldo a los negros.

Sin embargo, debido a las profundas diferencias psicológicas y de intención entre blancos y mulatos su alianza duró poco y así se definieron los campos: Los blancos que buscaban el apoyo de los ingleses; los mulatos auxiliados por el Gobierno francés que finalmente, el 4 de marzo de 1792, les había reconocido la igualdad con los blancos; y por último, los negros rebeldes que vieron en los españoles a un aliado que les prometía la libertad que Francia les negaba a cambio, únicamente, de que no traspasaran sus fronteras.

Cuando los radicales jacobinos derrocaron al gobierno burgués girondino en Francia, declararon inmediatamente la guerra a Inglaterra, Holanda y España, que se oponían a la Revolución y aprovechando esa coyuntura, los ingleses de Jamaica respondieron al llamado de los blancos y comenzaron a enviar sus tropas a Santo Domingo donde rápidamente ocuparon gran parte del Sur y de las costas del Oeste de la isla.

Los españoles, apoyados por los negros sublevados establecieron un cordón en la frontera y lograron la conquista de la mayor parte del Norte de la colonia. Los franceses comenzaron a perder terreno y de no haber sido por la inteligente decisión del Comisionado francés Galbaud que el 29 de agosto de 1793 dictó un decreto que abolía la esclavitud en la colonia, al tiempo que llamaba a los negros para que los apoyaran, posiblemente hubiesen perdido la guerra.

Los negros se dividieron. Algunos importantes cabecillas no quisieron responder al comisionado de Francia y prefirieron continuar al lado de los españoles pero Toussaint Louverture, que en principio y atendiendo a razones estratégicas había colaborado con ellos, aceptó en mayo de 1794 el llamado y se pasó al bando francés acompañado por unos 4,000 hombres. También los mulatos se dividieron y algunos apoyaron al Gobierno francés mientras los más ricos se unieron a los blancos y a los ingleses.

Como eran en su mayoría los negros quienes controlaban las zonas conquistadas por los españoles, estos perdieron rápidamente las posesiones ganadas en la colonia francesa. San Rafael, Las Caobas, Hincha, Bánica y San Miguel de Atalaya cayeron en manos de las tropas comandadas por Toussaint Louverture quien desde ese momento y junto al General Juan Esteban Laveaux, Gobernador de la parte francesa se dedicó a expulsar a los ingleses de la colonia.

Consecuencias

Al enterarse de la firma del tratado en Suiza muchos residentes en la parte española resolvieron abandonar el país tan pronto fuera posible, entre ellos el Arzobispo Fernando de Portillo y Torres quien, no obstante, debió esperar tres años hasta lograr sus deseos, pero, la mayoría prefirió quedarse. Los que consideraron marcharse, especialmente los vecinos de La Vega, al enterarse de que los que habían emigrado hacia Cuba pasaban grandes penalidades, escribieron al Rey para que se les concediera un plazo mayor de un año para salir de la isla, mientras encontraban nuevos destinos (Puerto Rico, Venezuela). A un año de la firma del convenio todavía estaban la mayoría de los dominicanos dedicados a sus ocupaciones habituales, acariciando la esperanza de que la cesión sería invalidada, esto así, porque era conocido que el Gobierno español trataba de recuperar la parte española de la isla, proponiendo al gobierno francés a cambio el traspaso de la Luisiana; lo que en ese momento no fue aceptado por Francia que seguía planeando la ocupación definitiva para convertir Santo Domingo unificada, en un emporio y utilizarla como base de operaciones de un amplio proyecto de expansión colonial.

El gobierno francés había enviado al Comisario Roume de Saint Laurent con instrucciones específicas de "preparar amistosamente y de antemano las cosas para que se efectúe la evacuación de las plazas, puestos y establecimientos de aquella isla cuando parezca conveniente y sea posible enviar allá con este objeto las fuerzas francesas necesarias "y de valerse" de todos los medios posibles de persuasión para desimpresionar a aquellos ciudadanos de las falsas ideas que hayan podido imprimírseles a la Revolución francesa y disipar en su espíritu cuantos recelos se les haya inspirado acerca del libre ejercicio de su religión."

Roume debía trabajar rápido para evitar que los ingleses, que ocupaban importantes territorios tanto en el Sur como en la costa occidental, rompieran el cordón militar de las fronteras con la intención de apoderarse de Santo Domingo antes que los franceses. Los ingleses no reconocían la cesión, argumentando que violaba las antiguas estipulaciones del Tratado de Utrecht.

Siguiendo instrucciones del propulsor del Tratado de Basilea, Manuel Godoy, conocido como el "Príncipe de la Paz", el Gobernador Joaquín García y Moreno trabajó intensamente durante el primer año después de la cesión para entregar a los franceses la parte española, a la vez que defendía la frontera de un ataque inglés mientras intentaba que los gobiernos de Cuba y España facilitaran los medios para transportar a los emigrantes. García se vio obligado, en obediencia a su mandato, a ceder a los franceses la plaza de Bayajá, a lo que antes se había negado, y se dispuso a entregar el resto de las partes de la colonia con miras a concentrar las tropas españolas en Santo Domingo, desde donde embarcarían una vez llegadas las tropas francesas.

En julio de 1796, cuando la entrega parecía inminente, el General francés Donato Rochambeau, se negó a ejecutar la incorporación de la parte española a la francesa con un ejército compuesto por negros, únicas fuerzas disponibles a ese momento. Esta situación pospuso la toma de posesión de la parte española "hasta nueva orden".

Los ingleses en su avance ya habían ocupado Las Caobas, San Juan y Neiba pero las perdieron a manos del haitiano Toussaint Louverture. Finalmente salieron de la isla en abril de 1798 tras firmar un acuerdo secreto con Toussaint mediante el cual renunciaban a la ocupación militar a cambio de ventajas comerciales.

Por fin, a finales de marzo de 1798 llegó a Santo Domingo, comandada por el General Hedouville, la Comisión francesa que recibiría la entrega de la parte española pero el General estaba más interesado en enfrentar a Louverture que prácticamente controlaba la situación. Hedouville no tuvo éxito en su propósito y fue obligado por el general haitiano a abandonar la isla bajo amenaza de muerte, en octubre de ese mismo año. El Comisionado Roume pasó entonces a la parte francesa a ocupar el lugar de Hedouville. Agravada la situación entre negros y mulatos tras la salida de los ingleses y la sublevación de los negros, todavía se pospuso por más de un año la entrega de la parte española a Francia.

Desde principios de 1799 hasta abril de 1800 no existía en la isla ningún representante autorizado para consumar la cesión. Tanto Roume como el General Antonio Chanlatte, quien quedó a cargo de Santo Domingo español, tenían órdenes de no entregar la parte española a menos que fuese a tropas enviadas especialmente desde Francia.

Desde que Roume llegó a la parte francesa Louverture solicitó autorización para ocupar Santo Domingo oriental pero Roume se negó varias veces a acceder a ello alegando que eso violentaba sus ordenes, hasta que en abril de 1800 Louverture obligó al Comisario Roume de Saint Laurent, último miembro de la Comisión Civil que quedaba en la Colonia cedida a Francia en 1795, a autorizar mediante decreto fechado 27 de abril, la entrega de Santo Domingo al gobierno colonial francés comandado por él. El decreto en cuestión fue enviado inmediatamente al Gobernador Joaquín García y al General Antonio Chanlatte en Santo Domingo.

Tras una serie de incidentes, el 26 de enero de 1801 Toussaint Louverture invadiendo la parte oriental de la isla, llegó a Santo Domingo para recibir las llaves de la ciudad de manos del Gobernador García y Moreno. Tras la consumación del hecho, Louverture procedió a la unificación de la isla bajo su gobierno. Para institucionalizar el poder reunió una asamblea general y dictó la primera constitución política vigente en ambas colonias. Luego regresó a Haití, dejando el poder en manos de Paul Louverture.

Algo más tarde, Napoleón, que tenía sin embargo otras ideas, lanzó una flota con más de 80 navíos y alrededor de 58,000 hombres para recuperar la colonia de Santo Domingo de manos de los negros. Esta flota arribó a la isla el 29 de enero de 1802. La mitad de los barcos llegó a Samaná, y la otra mitad alcanzó Cap François el día 3 de febrero. Las tropas fueron divididas para atacar a las fuerzas de Louverture desde diferentes puntos: Santo Domingo, Monte Cristy, Samaná, Puerto Príncipe, y. la más importante. contra El Cabo, esta última comandada por el cuñado de Napoleón, el General Charles Leclerc, jefe de la expedición militar.

El 25 de febrero de 1802, el gobierno de Paul Louverture entregó la plaza al general francés F. M. Kerverseau, tirando al suelo la dominación de los antiguos esclavos negros en la parte occidental. La otrora parte española continuó como colonia francesa hasta la "Guerra de la Reconquista" en 1809.

Las campañas de guerra de independencia habían dejado lastimada la economía dominicana, produciendo graves crisis políticas en el país porque algunos líderes, políticos y militares, buscaron el apoyo de España, Francia, Inglaterra y los Estados Unidos de Norteamérica para que auxiliaran contra las agresiones haitianas.

El precio que se pagó por esas ayudas fue el otorgamiento de derecho a la intervención en la política nacional, de los representantes de esas naciones, trayendo como consecuencia luchas continuas entre tales países, por el control de la política dominicana.

Inglaterra, Francia y E.U.A. fueron los más activos. Francia y Estados Unidos estaban interesados en adueñarse de la Península y la Bahía de Samaná y luchaban entre sí para evitar que una de las dos lo hiciera primero.

Inglaterra, por su parte, siendo el país que más comercio realizaba con la República, no tenía interés alguno en Samaná y, por el contrario, deseaba que la nación se viera libre e independiente de toda ingerencia extranjera para continuar disfrutando de las oportunidades comerciales.

Así las cosas, el día 10 de septiembre de 1850, durante el gobierno de Buenaventura Báez Méndez (24.Sep.1849-15.Feb.1853) fue aprobado este tratado, debido al interés de Inglaterra en fortalecer el comercio con la República Dominicana, así como fomentar la paz y el reforzamiento de la soberanía en la nación, en un intento calculado de disminuir en el país la influencia de España, Francia y los Estados Unidos de Norteamérica.

Durante la presidencia del General Pedro Santana para el período 15.Feb.1853-26.May.1856, se intentó en varias ocasiones obtener de España el reconocimiento de la Independencia de la República Dominicana y la protección política y militar para la defensa del país contra las frecuentes agresiones haitianas.

España comunicó a través de su Ministro de Estado que su Gobierno no estaba interesado en intervenir en los asuntos dominicanos, sin embargo, cuando en 1855 llegaron a Madrid las noticias de que Franklin Pierce, Presidente de los E.U.A. había enviado a República Dominicana al General William Cazneau para que negociara el arrendamiento de algunos territorios en la Península de Samaná, donde pretendían establecer una estación naval de la Marina de los Estados Unidos, España vio amenazada su hegemonía marítima en las Antillas y convino en firmar este acuerdo con el agente dominicano en Madrid, Rafael María Baralt, el día 18 de febrero de 1855.

Este Tratado de Reconocimiento, paz, amistad y comercio, en el que España no se había mostrado interesada hasta entonces, fue aprobado por el Senado de la República el 30 de abril de ese mismo año.

Durante la campaña por la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica en 1920, el aspirante Warren G. Harding, atacó la política intervencionista en el Caribe del Presidente Woodrow Wilson y comunicó que, en caso de resultar victorioso, retiraría las tropas de su país en donde quiera que estuviesen en violación de los derechos de los latinoamericanos.

Al resultar triunfante en noviembre de ese mismo año, ya se respiraba una atmósfera favorable para terminar la intervención en República Dominicana, que era apoyada por la presión de los demás países en esta área del mundo, que exigían una desocupación del territorio dominicano lo antes posible.

El día 24 de diciembre de 1920 el Presidente Wilson ordenó a Thomas Snowden que integrara una Comisión para realizar las reformas constitucionales y legales necesarias con tal propósito y ordenó al Gobernador Militar flexibilizar las medidas que restringían la libertad de prensa y reunión, permitiendo que los dominicanos se agruparan libremente en campaña pro la desocupación.

La agrupación patriótica Unión Nacional Dominicana, creada en marzo de 1920 y presidida por el notable intelectual Emiliano Tejera, arreció su campaña en favor de la evacuación "pura y simple", pero los norteamericanos se negaron a ello pretendiendo que los dominicanos aceptaran como buenos y válidos los actos del Gobierno Militar que había promulgado una serie de leyes y realizado un número de transacciones que envolvían derechos de terceros que querían proteger. Algunos meses después de que Harding tomara posesión de la presidencia, nombró como Gobernador Militar a Samuel S. Robinson, encargado de facilitar los trabajos de la desocupación.

Tras su llegada al país en junio de 1921, Robinson hizo publicar una proclama preparada en Washington en la cual se anunciaba un plan de evacuación escalonado que envolvía la celebración de elecciones generales supervisadas por el Gobierno Militar para elegir un Presidente de la República como cabeza de un Gobierno Constitucional dominicano. Según la proclama, el Gobierno Dominicano reconocería todos los actos del Gobierno Militar y mantendría oficiales norteamericanos a cargo de la Policía Nacional.

Semejante pretensión fue rechazada en forma unánime por la población, altamente motivada por los mítines y reuniones públicas organizadas por la Unión Nacional Dominicana, entendiendo que los norteamericanos intentaban la formación de un gobierno títere, dependiente del suyo.

Así las cosas, el Gobierno estadounidense dejó saber a los dominicanos que hasta tanto no estuviesen dispuestos a aceptar el plan del Presidente Harding las elecciones quedaban suspendidas.

Con el fracaso del Plan Harding, el Secretario de Estado norteamericano Charles Evans Hughes, ante la presión a la que estaba sometido en su país y la fuerza creciente de los nacionalistas en República Dominicana, se vio precisado a buscar una nueva fórmula para facilitar la desocupación que le interesaba al Presidente de su país.

La oportunidad se presentó cuando el reconocido abogado dominicano Francisco J. Peynado (Pancho), en representación de los partidos más influyentes del país, viajó a Washington en mayo de 1922 tras un entendimiento con el Secretario de Estado de los norteamericanos y otros altos funcionarios, que fuese aceptable para ambas naciones.

Peynado propuso la modificación del Plan de Evacuación propuesto por Robinson en 1921 y, después de algunas reuniones, llegaron a un acuerdo que debía ser sometido a la aprobación de los líderes dominicanos.

Este acuerdo llamado Plan Hughes-Peynado, implicaba la instalación de un gobierno provisional paralelo al gobierno militar, que se encargaría de conducir al país a unas elecciones de donde surgieran las autoridades que habrían de regir los destinos nacionales substituyendo el gobierno de ocupación.

El Gobierno Civil administraría la Cosa Pública y el Militar se encargaría del control de las Fuerzas Armadas y del orden público. El acuerdo Hughes-Peynado quedó concertado el 30 de junio de 1922 y el 23 de septiembre de ese mismo año fue firmado por Horacio Vásquez, Federico Velásquez y Elias Brache, hijo, representantes de los partidos horacista, velazquista y jimenista, acompañados por Francisco J. Peynado y Monseñor Adolfo Nouel en representación de los dominicanos. Por el gobierno norteamericano firmaron el Secretario de Estado Charles Evans Hughes y el diplomático Summer Welles, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario, comisionado para trabajar junto con los firmantes en la ejecución del Plan.

 

Por más de un siglo los haitianos habían estado penetrando el país y asentándose pacíficamente en tierras dominicanas que habían sido descuidadas desde los tiempos de la Primera República (1844-1861) y por más esfuerzos que se hicieron para llegar a un acuerdo con Haití en relación con la frontera en el siglo XIX, debido a las imperfecciones del Tratado de Paz, Amistad y Comercio firmado en 1874, a las que se agregaron los derechos que les otorgara el Presidente Ulises Heureaux (Lilís) a los haitianos sobre tierras reclamadas hasta entonces por los dominicanos, no había sido posible aclarar de manera definitiva el asunto de los límites fronterizos.

A principios del siglo XX y durante muchos años, se intentó resolver la cuestión pero no fue sino hasta 1929, durante el gobierno de Horacio Vásquez (12.Jul.1924-28.Feb.1930), cuando se logró firmar un Tratado sobre la Fijación de Límites.

Sin embargo, a pesar del acuerdo, muchos haitianos permanecieron en la República Dominicana trabajando como obreros en los ingenios azucareros, como agricultores o como servidores domésticos, especialmente en el Sur y la Línea Noroeste cerca de la frontera.

El territorio ocupado por los haitianos vino a ser una especie de extensión de Haití, circulando libremente la moneda haitiana hasta Mao, aceptándose además en Santiago y prácticamente en toda la región del Cibao. En el Sur, la moneda llegó a circular hasta Azua.

Este convenio firmado el 21 de noviembre de 1939 dispuso el cierre de la frontera tanto a dominicanos como a haitianos que no poseyeran una carta de identificación, un permiso de admisión y un certificado policial.

Quedó establecido que un nacional de cualquiera de los dos Estados que penetrara en el otro de manera irregular y lograra escaparse antes o después de haber sido apresado por la policía, no podía ser provisto de documentación por las autoridades del país al que pertenecía.

Igualmente disponía que el Estado que repatriara a un individuo, estaba comprometido a garantizar la protección de los bienes y la integridad del deportado hasta el lugar de su salida.

Es el acuerdo concertado el 24 de septiembre de 1940 (ratificado el 15 de febrero de 1941), entre la República Dominicana, representada por Rafael Leonidas Trujillo Molina y los Estados Unidos de Norteamérica, representados por Cordell Hull, Secretario de Estado de dicho país.

El acuerdo, conocido como Tratado Trujillo-Hull establecía que a partir de ese momento las Aduanas, enajenadas desde 1905 como consecuencia de las deudas contraídas desde los tiempos del General Ulises Heureaux (Lilis), dejaban de funcionar bajo control del gobierno estadounidense, y sus oficinas y dependencias pasaban a formar parte de la Administración Pública de la República Dominicana.

El significado histórico del Tratado Trujillo-Hull es que dio firmes pasos hacia el saneamiento de la deuda externa dominicana. A la llegada de Trujillo al poder en el año de 1930 encontró una severa crisis económica. La deuda externa ascendía en ese momento a 16,000,000 de dólares y la situación se agravaba, en parte, por las obligaciones contraídas por la República mediante la Nueva Convención Dominico-americana de 1924 que modificaba ligeramente un convenio anterior pero mantenía el impedimento para la suscripción de nuevos empréstitos y para el aumento de los aranceles aduaneros sin la aprobación del gobierno norteamericano.

El convenio existente (Tratado Financiero entre República Dominicana y E.U.A. del 1905) obligaba al Gobierno Dominicano a destinar el 55% de las entradas de Aduanas al pago de la deuda externa. Esta situación impedía al gobierno dominicano la entrada de recursos suficientes para sufragar sus gastos y necesidades.

En 1931 Trujillo inició una serie de negociaciones con el Gobierno de los Estados Unidos de América para que República Dominicana recuperara el derecho de administrar sus Aduanas. Varios años de intentos y discusiones culminaron en 1940 con la firma del Tratado Trujillo-Hull y a partir de entonces la administración de las Aduanas quedó en manos dominicanas.

La deuda externa continuó amortizándose mediante mecanismos establecidos por el Tratado en cuestión y en julio de 1947 su balance era tan sólo de $9,401,855.55, suma que fue totalmente pagada a los tenedores de los bonos adeudados, el 21 de julio de ese mismo año.

Trujillo se sintió muy orgulloso de haber saneado la economía y fue ensalzado a lo largo de todo su gobierno como restaurador de la independencia financiera del país.